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A inicios del año 2016, un grupo de rectores se reunieron para crear una instancia representativa de las universidades públicas que el 24 de febrero, se decidió llamar Asociación Nacional de Universidades Públicas, aprobando sus estatutos y nombrando su primera Junta Directiva por tres años.

El 2 de julio del mismo año, se dio un gran paso, redactando colectivamente la Declaración de Ayacucho, donde se declaró el apoyo a la implementación de la nueva Ley Universitaria N. º 30220. En el numeral 8 de dicha declaración se solicitó al Gobierno, “que se garantice la gratuidad de la enseñanza universitaria de pregrado en las universidades públicas, no debiendo desviarse estos recursos al financiamiento de universidades privadas de lucro mediante subvenciones”.

Posteriormente, el 9 de setiembre se aprobó otro importante comunicado donde se advirtió que “… de no contarse con las condiciones mínimas señaladas, las universidades públicas no tendrían las condiciones de cumplir con las normas legales, ni funcionar con la responsabilidad necesaria que el país exige”. Luego de ello, se solicitó urgentes reuniones con las autoridades del Estado.

Los años 2017, 2018 y 2019, fueron tiempos de reuniones con entidades del Ejecutivo y representantes educativos de diversas instituciones del país para plantear la necesidad de preservar la defensa y fortalecimiento de la universidad pública al servicio del desarrollo sostenible del Perú.